lunes, 4 de marzo de 2013

Viviendas VPO para desahuciados pide la defensora del pueblo




           Que las VPO vacias sean ocupadas por los desahuciados es una peticion de la defensora del pueblo cuya musica, a priori, suena bien, pero hay que matizar en que condiciones se conceden esas viviendas de proteccion oficial a los desahuciados, el orden de preferencia y algunos otros detalles que la defensora del pueblo no especifica .

     La finalidad de las VPO o viviendas de proteccion oficial es proveer de vivienda a los excluidos sociales, aquellos que por sus propios medios no pueden acceder a una vivienda, si bien el uso y finalidad de las vpo en España esta bastante alejado de lo que deberia ser su uso.

  En primer lugar, dar acceso a la vivienda a personas en riesgo de exclusion social no es compatible con la venta de las vpo ya que por un lado se supone que quienes realmente las necesitan no tienen capacidad de pago y por lo tanto acaban en manos de personas con una capacidad de pago mayor, lo que es en si mismo una perversion del sistema de adjudicacion y de sus fines sociales.

     Las Vpo no deberian poder venderse sino que siempre deberian ser en alquiler de forma que el parque de viviendas este disponible para los mas necesitados en cada momento, asi por ejemplo un matrimonio en paro que vive de alquiler en una vpo deberia perder su derecho a ocuparla si vienen a mejor fortuna y ambos conyuges encuentran trabajo, de modo que otro matrimonio en paro pudiera ocuparla.

    Dicho esto y dado que el numero de viviendas de proteccion oficial en España no es suficiente para alojar a todos los desahuciados y a los que sin haber sido desahuciados estan en una situacion social de pobreza, habria que dar con una formula de prelacion en la adjudicacion de las vpo de forma que acabaran sirviendo a los mas necesitados de forma temporal y no convertirse jamas ni en una propiedad con la que poder especular ni ser de uso vitalico, sino mientras persiste la necesidad.

  Dicho esto copio y pego el articulo de el diario El Mundo donde la defensora del pueblo aboga por adjudicar las vpos vacias  a los desahuciados INFORME ANUAL | Aboga por diversificar las fórmulas de cesión

La Defensora del Pueblo insta a alojar a los desahuciados en las muchas VPO que hay vacías


   La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, señala en su Informe Anual 2012 que existen muchas viviendas de protección pública (VPO) vacías que podrían ser utilizadas por familias que han sido desahuciadas. En este sentido, Becerril añade que para ello habría que diversificar las fórmulas de cesión que actualmente contemplan las administraciones.
Con este ánimo, la Defensora del Pueblo avanza que la institución está investigando de oficio con las comunidades autónomas y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como con 10 municipios de más de 350.000 habitantes, para conocer con detalle la situación de ese "importante" número de viviendas que no han sido adjudicadas.
Con la información que se está recopilando, la Defensora del Pueblo está preparando un informe monográfico, que previsiblemente será presentado a las Cortes Generales "en los primeros meses de 2013".
Expondrá las causas de por qué esos pisos están desocupados más tiempo del imprescindible
En este informe se tratarán de exponer las causas de por qué esas viviendas se encuentran desocupadas más tiempo del imprescindible para ponerlas en uso, y se realizarán recomendaciones para fomentar el mercado del alquiler para las viviendas públicas y para fomentar que las administraciones "flexibilicen" los requisitos de acceso a las mismas, de modo que pueda ampliarse el número de beneficiarios.
En el Informe Anual 2012, Becerril trata de dejar claro que la situación de muchas familias que no cuentan con un hogar exige una respuesta rápida. Así, la institución constata un cambio en el perfil de las personas que acaban ocupando una vivienda, "pues comienzan a aparecer familias estructurales que han sido desalojadas por el impago de hipotecas o alquileres".
Asimismo, atestigua que "se ha recibido un número considerable de quejas de familias, otrora con una situación normalizada, afectadas por el desempleo de varios de sus miembros, que tras ser desahuciadas se ven abocadas a vivir en vehículos, cuando no en la calle, sin recursos económicos y con hijos a cargo".
Además, aunque señala que en el caso de familias que ya habitan en una vivienda de protección, las administraciones "no hacen un uso extensivo de los desahucios", recuerda que en este segmento también se producen estos procesos y que ello implica también "considerables esfuerzos e incluso perjuicios económicos para la Administración".
'Se hace difícil justificar esta realidad a ciudadanos que están viviendo situaciones límite'
Entre ellos, Becerril menciona los costes del procedimiento, la obligación de arreglar en un tiempo prudencial la vivienda desalojada y el asumir los gastos comunitarios de estos inmuebles que permanecen vacíos. La Defensora del Pueblo abunda en que "el gran número de viviendas que se encuentran vacías pertenecientes a entidades financieras y a las administraciones públicas hace difícil justificar ante los ciudadanos, que muchas veces están viviendo situaciones límite, que no puedan tener acceso a una vivienda con una premura acorde con sus necesidades".

Cambiar los requisitos para acceder a un piso social

Por otro lado, la Defensora del Pueblo ha venido observando un incremento de las renuncias de las viviendas con algún tipo de protección pública por parte de los adjudicatarios, derivadas de la supresión de ayudas a la compra, la denegación de préstamos por parte de la banca, la exigencia de unos ingresos mínimos o máximos anuales en la unidad familiar o la pérdida de ingresos por el desempleo.
"Ésta es una realidad que necesariamente debe tomarse en consideración por los poderes públicos en el diseño de las políticas de vivienda", señala Becerril. Ahora bien, recuerda que ante esta situación transmitió una recomendación a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento para que adoptase las medidas necesarias para que en la concesión de los préstamos cualificados no se apliquen criterios estrictamente bancarios, sino aquellos encaminados a facilitar el acceso a un "bien social básico". Según apunta, hasta la fecha de elaboración del informe aún no había obtenido respuesta por parte de Fomento.